Llamamos a los patriotas y defensores de la justicia social a combatir contra proyecto de Ley de Empleo Público y, con toda firmeza, contra el Fondo Monetario Internacional

Don Antonio Alvarez Desanti, ahora precandidato del PLN y que ocupó el tercer lugar en la elección de 2018, arremete contra los trabajadores del sector público. La furia del ex candidato es un buen ejemplo del menosprecio con que los grandes burgueses ven a los trabajadores. Para los ricos más ricos es un sueño explotar más intensamente a todos los trabajadores, sin excepciones, porque es en esa medida que pueden hacerse más ricos. La riqueza y la pobreza, el explotador y el explotado, son los puntos extremos de un mismo cuerpo. Para que la riqueza crezca es necesario aumentar el grado de explotación de los trabajadores.

Es montado en esta lógica que Alvarez Desanti está intensamente interesado en la aprobación del llamado “Proyecto de Ley de Empleo Público”.

Finge estar interesado en el déficit de la Hacienda Pública. Pero la verdad es que está interesado en engordar las arcas públicas para seguir haciendo negocios con el Estado. Estos negocios, casi siempre sucios, han sido el capital semilla de los grandes millonarios de nuestro país.

El llama al pago de salarios el “disparador” del déficit público. Esto es un intento de engañar al pueblo porque los “disparadores” están en otros lugares.

Señalaré algunos:

1.- La corrupción administrativa, el pago de las llamadas coimas, y también el desperdicio y mal uso de los recursos del Estado. A esto hay que agregar la compra de equipos innecesarios para repartir las ganancias entre el proveedor (capital privado) y el funcionario corrupto.

2.- El sistema de concesiones a empresas privadas para la ejecución de acciones que deben ser cumplidas por el Estado. Este negocio permite obtener gigantescas ganancias y, además, dejar abierta la posibilidad de la realización de gravísimos delitos. Así está ocurriendo, según plena evidencia, con la “privatización de los muelles” que se utiliza para el trasiego internacional de cocaína y otras drogas prohibidas.

3.- El Estado paga enormes sumas de dinero por el alquiler de edificios que, con una suma menor, podrían ser construidos por organismos del Gobierno y de otras entidades públicas. El pago de alquileres es un disparador irresponsable.

4.- El manejo corrupto de grandes inversiones pagadas con deuda extranjera. Es urgente que se haga una auditoría de la deuda externa desde 1970 hasta nuestros días.

5.- Cuantificación de los privilegios fiscales y otros beneficios concedidos a grandes empresas nacionales y extranjeras.

6.- El contrabando y la elusión de los impuestos.
Más de 200 empresas grandes no pagan impuestos sobre sus ganancias. Esto no hubiera sido posible sin la complicidad de altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y de otros jerarcas, entre los cuales debe señalarse a quienes ejercieron la Presidencia de la República durante la llamada “segunda república”.

7- Pago de deudas personales o empresariales con recursos del Estado. Es gravísimo que se oculten los nombres de los beneficiarios de estas acciones. La necesidad de esta medida debe limitarse a los que realmente lo necesitan y en todo caso deben publicarse los nombres de los beneficiarios de estos gastos públicos. En el caso de la Ley Fodea se emitieron bonos de deuda por 5 mil millones de colones para pago de deuda agropecuaria y hasta ahora se desconocen los nombres de los beneficiados. Así está ocurriendo con otro proyecto con el mismo fin que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa.

8.- Permitir que prescriban las acciones penales o civiles que podrían beneficiar al Estado. Este privilegio lo disfrutan especialmente los políticos burgueses influyentes.

9.- Aumento por razones políticas el número de empleados en diversas dependencias oficiales para hacer frente a problemas generados por el mal manejo de los asuntos públicos. Este fue un fenómeno que alcanzó niveles de escándalo en el gobierno de Oscar Arias Sánchez.

10.- Creación de organismos descentralizados que no son imprescindibles y que estimulan la corrupción y hacen crecer el gasto público.

11.- Permitir a funcionarios públicos no cumplir con sus deberes, sobre todo de los nombrados por favoritismos electoreros.

A la par de los enumerados hay muchos otros “disparadores” del gasto público. Los funcionarios y empleados reciben un salario por un servicio prestado, en la mayoría de los casos imprescindibles.

Los millonarios reciben toda clase de garantías para ejercer sus funciones y se les exime de la obligación de contribuir a la solución de los problemas fiscales. Los ricos están en el poder para mantener y ampliar sus privilegios.

SOMOS PUEBLO UNIDO, PARTIDO DEL PUEBLO

No aceptamos el convenio con el Fondo Monetario Internacional porque atenta contra la soberanía nacional y conspira contra la justicia social.

POR SOBERANÍA Y POR JUSTICIA PEDIMOS AL PUEBLO LUCHAR CONTRA EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

¡ESTA ES LA POSICIÓN DEL PARTIDO PUEBLO UNIDO, PASE LO QUE PASE!