Reflexiones sobre el Conflicto del Agua en Costa Rica
Por: Luis Ernesto Araya Vargas *
El conflicto por el agua ha sido un tópico constante en la historia humana, y en el caso de nuestro país este torna matices que algunas veces son difíciles de reconocer si no realizamos un análisis completo del contexto social en el que nos encontramos. A nivel mundial el tema del cambio climático ha formado parte del discurso ecologista desde hace décadas y hoy en día es tomado en cuenta por los líderes de algunas industrias y países; sin embargo, promete no equivocarse con respecto a un mundo futuro sin agua disponible y con conflictos por el recurso hídrico cada vez más intensos.
El problema del agua repercute profundamente en la vida de los seres humanos y afecta actualmente a millones de personas alrededor del mundo así como comunidades rurales de nuestro país. Son cientos de comunidades que durante lo que va del s. XXI se ven afectadas directamente por la implementación de proyectos hidroeléctricos por parte de compañías privadas como por el ICE en lo que respecta a la generación de electricidad. También con el A y A, respecto al destino final del recurso hídrico en el país. Los más conocidos los de las Asadas de Potrero y Sardinal en Guanacaste, pero también en comunidades del Pacífico Sur incluyendo territorios indígenas. Estas situaciones serán descritas un poco mejor más adelante.
La respuesta del Gobierno ha sido la creación de la Ley 17.742 del 13 de Noviembre, 2017;para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, la cual viene a ser el instrumento legal encargado de “regular y tutelar el aprovechamiento y el uso sostenible” del agua. Cuyos objetivos son garantizar el acceso “universal, solidario, equilibrado y equitativo, en cantidad y calidad adecuadas”; además de una gestión integral del mismo. Sin embargo, no podemos obviar que existen intereses privados que también lucran con la utilización del agua en la generación de electricidad para el mercado nacional. Esta misma Ley dedica su Sección II, Art. 7 a la creación de la Dirección Nacional de Aguas, como órgano adscrito al MINAE no al A Y A.
Debemos señalar que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) fue creado mediante la Ley 2726 del 14 de abril de 1961, precisamente para hacer cumplir la Ley General de Agua Potable. Y no es el objetivo de este resumen en perspectiva de la realidad del agua en Costa Rica el preguntarse por qué no se realizaron contribuciones a la Ley existente o se doto de mejores recursos a la institución en la gestión del recurso en el país, precisamente para asegurar el acceso al agua potable, en vez de crear una nueva Ley para la gestión del recurso hídrico otorgando obligaciónes a distintas instituciones. Lo más lógico sería una mejora en las funciones y no una duplicación de objetivos en dos instituciones del Estado. Deberíamos esperar una suerte de cogestión integral del recurso hídrico pero esto no funciona tan bien como podríamos imaginar en la realidad.
Al revisar documentos visuales sobre el conflicto del agua en Costa Rica, tuve el gusto de encontrar una entrevista realizada por “Costa Rica Noticias” plataforma informativa del Sinart en youtube. El título: “Agua y Poder en Costa Rica”. Subida el 18 de octubre del 2019, dos años después de la creación de la Dirección Nacional de Aguas, y el panorama del país no parece el más esperanzador. Durante la entrevista se presentan realidades fuertemente encontradas con los objetivos de la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico como también con la Ley General de Agua Potable.
Principalmente las comunidades hacen solicitudes de acceso al agua por la falta de fuentes locales para consumo humano. Denuncian una degradación socio – ambiental debido al cambio productivo agropecuario principalmente al turismo o introducción de la agroindustria. El cambio en el uso del suelo destruye también las fuentes de aguas. En ocasiones el A y A, no responde las solicitudes para el acceso y existe la problemática de que las comunidades no tienen la fuerza organizativa o no están capacitadas para insistir o luchar debido a la limitación de recursos económicos principalmente para cubrir gastos como: viáticos y asesoría legal.
Durante el periodo 1980 – 1987 se dieron especiales conflictos en el Pacífico Sur, mientras que en Guanacaste los megaproyectos turísticos de los años 90 acrecentaron las disputas por el agua. Casos de represamiento de los ríos con represas para la generación hidroeléctrica (3/4 de la producción eléctrica nacional) también generan impactos negativos sociales y ambientales sobre todo en comunidades rurales durante estos periodos. Los expertos del panel de autores del libro: “Agua y Poder en Costa Rica”, mencionan decenas de casos de conflictos contra comunidades y proyectos hidroeléctricos o intereses sobre el agua: Upala, Coto Brus, San Carlos , Sarapiquí, Los Santos, Acosta, Turrialba, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Talamanca, los territorios indígenas del Sur. Estas comunidades vulnerables con dificultades de acceso al agua entre otros servicios básicos han detenido una treintena de proyectos de los cuales el mayor referente es el “Proyecto Hidroeléctrico Diquís”.
Los conflictos con el Estado son por exigir el acceso al servicio (Coto Brus), o porque han perdido el acceso al recurso agua, por ejemplo, en la zona Atlántica debido a agroquímicos o al derrame de combustibles. Se nos presenta un Estado que obvia lo expuesto en la Ley 17. 742; Art 2., cuando indica que el “acceso al agua” es un Derecho Humano, además de que le otorga al recurso hídrico un equivalente valor social, cultural y económico, sin prevalencia de uno sobre otro. Sabemos que por Ley General de Agua Potable es además su obligación por lo que no debería haber confusiones en cuanto a las potestades de una u otra institución con respecto a esta competencia.
Se puede señalar que el modelo de desarrollo también es parte de los factores que originan conflictos por el agua en el país y que estas tensiones se acrecientan ya que el Cambio Climático disminuye la disponibilidad de agua. Escasez más la presión económica; el turismo sin control; la agro-industria e industrias maquiladoras; junto a las represas hidroeléctricas con sus consecuencias negativas medioambientales profundizan las problemáticas para las comunidades.
La solicitud de acceso implica la defensa medioambiental, y la inclusión en la toma de decisiones sobre la gestión del agua. Situación esta última reflejada en Tacares, Grecia y el acueducto que se quería construir para darle agua a Atenas, y a lo cual se opuso la comunidad al no ser informados del proyecto con antelación. Estos hechos terminan por generar desconfianza y la gente de las comunidades dejan de creer en la institucionalidad. En palabras de Leonel Duarte, Presidente de la ASADA de Potrero:
“…fue en el año 2013,… etapa muy dura para la comunidad… que venía enfrentando una serie de necesidades …afectaciones que se estaban dando en relación a la permanencia de la administración del acueducto…era muy difícil el acceso a comunicarse con el rector”… “no era como lo que indica el reglamento… el reglamento indica que el rector debe fortalecer y capacitar a los acueductos comunales… y era todo lo contrario… se dio la agresión a la comunidad… únicamente el objetivo de la comunidad es proteger y dar un servicio de calidad …pero por intereses económicos y políticos no hacia posible que la comunidad se empoderara y pudiera fortalecerse la gestión comunal.”
Estas declaraciones evidencian el nivel de distanciamiento entre el A y A y la comunidad de Potrero. Luego continúa señalando una serie de funciones que considera básicas en la gestión del agua de forma integral entre las comunidades y el A y A:
“… Administración y otras áreas importantes para acueductos nacionales… viendo las necesidades de cada una de las comunidades y protegiendo el medio ambiente, protegiendo las zonas de recarga controlando los incendios forestales y que no se de tala de árboles para proteger el recurso hídrico. El 29 de mayo, 2014, se inicia un proceso de dialogo con la presidencia ejecutiva más positivo en algunos aspectos, fortalecer y capacitar y respetar los derechos de la ASADA Potrero, es muy difícil la lucha, porque puede haber una directriz pero los mandos medios meten la pinza. Lucha constante por la falta de recurso. No hay desarrollo sostenible, pues hay afectación en el manto acuífero por el desorden de extracción en la zona.”
La necesidad de agua para el desarrollo de megaproyectos impacto a los ríos y no tomar en cuenta a las comunidades generó el conflicto. Las mismas comunidades presentan un crecimiento demográfico y esto torna el cuidar las fuentes y zonas de recarga en una prioridad pues las comunidades piensan también en el futuro ya que las fuentes son limitadas con caudales limitados y con el cambio climático y degradación y actividades productivas como el turismo o el agroindustria están cada vez más en peligro.
Existe una lucha de poder por tener control del recurso agua, esto se refleja en comunidades urbanas y rurales principalmente marginales y vulnerables. Las grandes asimetrías de poder en este conflicto entre comunidades pequeñas defensoras del agua que se enfrentan a empresas privadas o estatales lo hacen muy desigual. Las comunidades demuestran gran cultura de cuidado del agua, cuando hay proyectos que buscan acaparar un 90 % del rio y la comunidad pierde el arraigo y la cultura del cuidado frente al desperdicio. Las comunidades pierden la capacidad de hacer uso del río: usos domésticos, recreación y socialización comunitaria afectando directamente el valor cultural y social del agua para las comunidades.
El saneamiento y provisión del agua potable no puede ser entendido con criterios mercadotécnicos. Debemos evitar mayores conflictos evitando la privatización del agua lo que traería el aumento de las tarifas y conflictos más profundos a nivel nacional, tenemos como referencias en América Latina al respecto. Una solución sería invertir en saneamiento y una mayor inclusión en la toma de decisiones con las comunidades. Limpiar ríos y sus fuentes de contaminación debe ser prioridad. Sin embargo, esta no parece ser la política de los partidos tradicionales y muy a pesar de esto las comunidades insisten en construir gobernanza ejerciendo sus derechos políticos.
Durante la entrevista también Eunice Contreras, representante del Comité Prodenfensa del Agua de Sardinal, describe de primera mano cómo se ha vivido el conflicto por el agua en su comunidad:
“… desde hace más de 11 años, en la provincia de Guanacaste es grave… el gobierno ha querido privatizar el agua para favorecer a grandes empresarios, para sobreexplotar los mantos acuíferos, …es conflicto porque no quieren dejar agua para las futuras generaciones,… enfrentamientos entre comunidades y gobierno, investigación y denuncias de los daños a los mantos por culpa del A y A y su modelo de desarrollo, turismo , modelos no sostenibles ni planificados y sin protección. … unos 25 o 30 años de un modelo turístico guanacasteco… que no trajo ningún beneficio,… sin permisos de construcción, …construidos en la noche, …la UCR,… Mario Arias quien dio informe indicando que ya se podía dotar de agua porque había agua… pero sin hacer estudio de manto acuífero…. No hay agua, los ríos secos, deforestación para construir hoteles, piscinas que no benefician a las comunidad,… el A Y A no tiene credibilidad, no hay estudio técnico que diga cuánta agua hay,… la destrucción de medio ambiente, deforestación para construir hoteles, el desarrollo inmobiliario turístico y los reservorios afectados, …nuestros medios de vida,… un trabajo turístico precario, explotación laboral, represión a los sindicatos , abuso de autoridad, violación a los derechos, …a las leyes y mucha corrupción. Agua para llenar a playas de Coco pero no para la gente.”
Su denuncia es más directa y describe una afectación de décadas no solo a su comunidad Sardinal, sino a todo Guanacaste, logrando señalar como principales intereses acaparadores del agua a los megaproyectos turísticos y a los grandes agro-empresarios. Pero también podemos recoger de ambos testimonios que hay una gran falta de información representada en la falta de trasparencia, en donde instituciones como A y A, MINAE, SENARA, el ICE, e incluso el Ministerio de Salud y la CCSS no son capaces de resolver el conflicto del Agua sino más bien agravarlo. Las comunidades al tener memoria histórica reconocen la ingobernabilidad y la impunidad en la gestión del Agua.
Ante estas afirmaciones Yamileth Astorga, Ministra del AYA, responde que no todas las personas están de acuerdo con un proyecto pero igualmente deben de llevarse a cabo y achaca la falta de agua en las comunidades guanacastecas a la salinización de los acuíferos costeros, lo que imposibilita la respuesta al crecimiento turístico y obliga a emprender nuevos proyectos, de esta manera parece afirmar que la perdida de los acuíferos fue un proceso natural y obvia o no señala otros elementos como la sobreexplotación señalada en el Informe de Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2017, que hace reseña del uso y estado del recurso hídrico y que indica que es precisamente la cuenta del río Tempisque, en Guanacaste la que sufre la mayor afectación en razón de unos 262,2 millones de metros cúbicos especialmente para actividades de riego, en el 2016. Siendo que el problema del acceso al agua en Guanacaste es bien completo esperaríamos una respuesta oportuna y planificada de parte de las instituciones públicas.
Terminaremos por señalar el papel de las municipalidades quienes comparten grandes responsabilidades al estar a cargo en primera instancia de la gestión y planificación del territorio cantonal y que deben de tomar en cuenta el agua en su gestión, determinando donde se puede o no desarrollar una actividad productiva creando además mapas de mantos acuíferos y proveyendo estudios técnicos para fortalecer la protección del recurso y evitar los conflictos con las comunidades. Los expertos de la entrevista señalan la importancia de crear mapas de vulnerabilidad hídrica que procuren proteger las fuentes. Sin embargo nos encontramos con una exclusión sistemática en la toma de decisiones respecto a las comunidades, una falta de espacios de discusión como audiencias públicas.
Por su parte la Dirección Nacional de Agua se convierte en un oferente de servicios más que en una institución que logre proteger proactivamente las fuentes de agua. En este momento facilita permisos para perforación de pozos, permisos de vertidos, de drenajes agrícolas, concesiones de aguas subterráneas, de fuerza hidráulica y de aguas superficiales. Su función como fiscalizador de las actividades productivas es muy importante. En el área de las protección de las fuentes o la inclusión en la toma de decisiones aún hace falta mucho trabajo por hacer pero se han dedicado sobre todo a la organización de mezas redondas y audiencias con los concejos municipales y otras actividades de consulta popular. Esperamos que los resultados de esta gestión en función del valor cultural y social del agua sean más determinantes y profundos en el futuro inmediato.
Bibliografía.
- Alpizar, F. (2019), “Agua y Poder en Costa Rica: 1980 – 2017”; Centro de Investigación y Estudios Políticos, Escuela de Ciencias Políticas, Vicerrectoría de Investigación, UCR. Disponible en:
- https://ciep.ucr.ac.cr/publicaciones/agua-y-poder-en-costa-rica-1980-2017
- Herrera, J. (2017),“ Uso y estado de los recursos: Recurso Hídrico. Informe Estado de la Nación. En: Desarrollo Humano Sostenible, 2017. Disponible en:
- https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_vi rtual/023/Ambientales/Herrera_J_2017a.pdf
- Ley N° 17.742 Para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico; Diario Oficial La Gaceta; Lunes 13 de Noviembre del 2017.
- Ley N° 2726 Ley General de Agua Potable; Diario Oficial La Gaceta; 14 de abril de 1961.
- Documento Visual:
- SINART – Costa Rica Noticias – (2019) “ Entrevista: Agua y Poder en Costa Rica”; Recuperado del enlace:
- https://www.youtube.com/watch?v=k1lNCkwnKOQ
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* Colaboración para Periódico Libertad
