Posición de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Ginebra, Suiza, 10 de Septiembre de 2019.
Muchas Gracias
- Excelentísima Señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
- Excelentísimo Señor Coly Seck, Presidente del Consejo de Derechos Humanos,
- Excelentísimos Representantes de los Estados Miembros y Observadores ante este Honorable Consejo,
- Apreciados Representantes de Organizaciones Internacionales
El Estado de Nicaragua reitera su rechazo a la Resolución No. 40/2 del Consejo de Derechos Humanos, del 21 de marzo de 2019, así como al informe preparado por OACNUDH.
El período del informe (del 19 de agosto del 2018 al 31 de julio de 2019) debe considerar la realidad actual y no retrotraerse a hechos de períodos anteriores al 19 de agosto de 2018.
En la metodología citada para la recopilación de la información, OACNUDH no adjunta la evidencia de cómo actuó con la debida diligencia. La identificación de fuentes y recopilación de información se realizó a partir de criterios parcializados y arbitrarios, que no corresponde a un informe metodológicamente serio.
La falta de rigor metodológico en la elaboración del informe, hace que su contenido, conclusiones y recomendaciones carezcan de veracidad y credibilidad.
Contexto
El Estado de Nicaragua observa que el enfoque de la OACNUDH minimiza las acciones criminales tendientes a romper el orden constitucional, calificándolas de “protestas pacíficas”. Repiten, sin verificar, noticias falsas contra el Estado de Nicaragua, haciendo señalamientos con ligereza, como el supuesto uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones en los centros de detención, entre otros. Lo cual no es cierto.
En el contexto descrito y en todo el informe se omiten de forma deliberada los actos de terrorismo, asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, robos con intimidación, incendios, extorsiones y otros delitos de crimen organizado, con la utilización de armas de todo tipo (incluyendo armas de guerra), perpetrados por supuestos “protestantes pacíficos” desde los más de 1,300 tranques que paralizaron el país e impidieron el libre tránsito internacional de personas y vehículos, cometidos en contra de la población, ensañándose en los sectores más vulnerables: mujeres, niños, niñas y enfermos, así como en contra de miembros de la Policía Nacional, Funcionarios Públicos y simpatizantes Sandinistas, de todo lo cual el Estado de Nicaragua sí ha presentado evidencias.
La OACNUDH denomina estos tranque como simples “bloqueos de carretera y barricadas” y las acciones criminales cometidas las califica “simples abusos”, cuando en realidad constituyeron graves delitos.
También se hacen afirmaciones subjetivas sin ningún fundamento, al pretender cuestionar la independencia, legitimidad y legalidad del Poder Legislativo, electo por sufragio universal. Se hacen señalamientos sin ningún análisis y fundamento sobre la aprobación de legislación propuesta por el Gobierno, aseverando que no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos, sin especificar ni tomar en cuenta que se apegan al proceso de formación de la Ley en Nicaragua.
De la misma manera, OACNUDH cuestiona, sin fundamento, la independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la cual ha actuado en cumplimiento de la Constitución Política, su Ley Orgánica, el ordenamiento jurídico nacional y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular los Principios de París.
Derecho de reunión, libertad de expresión y asociación.
En relación a la supuesta restricción del derecho a la reunión pacífica por parte de la Policía Nacional de Nicaragua. La Policía Nacional no ha prohibido las manifestaciones públicas, ya que en el período analizado no recibió solicitudes que cumplieran con los requisitos de ley, que son similares a las de muchos países en el mundo, para mantener el orden.
La Policía Nacional tiene por misión Constitucional y Legal proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes. La presencia policial en los lugares públicos obedece al cumplimiento de su misión a favor de todos los nicaragüenses, sin ningún tipo de exclusiones, lo que ha permitido que Nicaragua presente los mejores índices de seguridad ciudadana en la región.
En Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación. Los periodistas ejercen sus labores sin censura previa, ni restricción. Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho a informar. De 7,227 ONGS registradas, nueve Asociaciones perdieron su personalidad jurídica, por desnaturalizar sus fines y objetivos, utilizaron al organismo para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos ilícitos en el contexto del intento de Golpe de Estado, violando sus propios estatutos.
Derecho a la libertad personal
Los párrafos referidos a supuestas detenciones y encarcelamientos arbitrarios e ilegales son improcedentes, por cuanto los datos presentados no se sustentan en ninguna fuente demostrable. No existe ningún patrón de detención arbitraria. La Policía Nacional cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política y leyes de la República.
En Nicaragua no existen desapariciones forzadas. Toda persona detenida es conducida a la Delegación Policial de la Circunscripción Territorial que corresponda al lugar de la detención o la comisión del delito y se informa a sus familiares del lugar de detención.
El 11 de junio de 2019, se excarcelaron a todos los presos y presas detenidos por los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, conforme lista conciliada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de acuerdo con la Ley de Amnistía, Ley No. 996.
Derecho a no ser sometido a tortura y a condiciones inhumanas de detención
En Nicaragua no existe tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de reclusión. Esto ha sido constatado por las visitas a dichos centros por la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes en todo momento constataron el respeto de los derechos humanos de las y los presos.
El Sistema Penitenciario de Nicaragua no cuenta con cárceles ni celdas de aislamiento ni de castigo para presos. Las celdas y pabellones tienen diseño para uso colectivo y además son de construcciones recientes, conforme estándares internacionales.
En relación al caso del privado de libertad fallecido el 16 de mayo de 2019, como resultado de un violento amotinamiento iniciado alrededor de las 2:30 pm por unos 40 presos en el Centro Penitenciario La Modelo.
El fallecido encabezó y agredió con arma corto punzante metálica a un funcionario penitenciario que trataba de persuadirlo a regresar a las galerías. Al abalanzarse contra el funcionario, éste realizó un disparo que impactó en la parte baja del abdomen del principal agresor, quien fue trasladado al hospital asistido por personal médico, falleciendo a las 4:00 de la tarde, siendo este el único caso de esta naturaleza registrado en la historia del país.
Derecho a un juicio justo
El Informe de la OACNUDH pretende deslegitimar la actuación del sistema judicial al hacer afirmaciones politizadas sobre este. OACNUDH juzga y descalifica las actuaciones de las autoridades del sistema de justicia, alegando sin ningún fundamento, que “no son percibidos como independientes ni imparciales en los casos en los que actuaron”. No obstante, OACNUDH misma reconoce en su informe, que las autoridades del sistema de justicia de Nicaragua “actuaron conforme lo permitido por el Código Procesal Penal”.
El Estado de Nicaragua reitera que no se ha acusado ni perseguido a ninguna persona por participar o apoyar protestas pacíficas, ni por ejercer una labor de defensa de los derechos humanos. Todas las personas acusadas cometieron delitos graves, previamente calificados en el Código Penal nicaragüense.
Las actuaciones calificadas por la OACNUDH como “piquetes”, “protestas”, “levantamiento de barricadas”, “bloqueos de carreteras” “apoyo a manifestantes”, “disparo de morteros caseros
contra autoridades”, entre otros, resultaron en asesinatos, homicidios, destrucción de la propiedad pública y privada, saqueo, incendio, robo en sus distintas modalidades, secuestro de personas y vehículos de transporte colectivo con sus pasajeros, entre otros, lo que además de constituir delito, generó terror y zozobra en la población.
Las actuaciones de las distintas autoridades que integran el sistema de justicia penal fue conforme a Derecho y se ajustaron a las facultades que otorga la legislación, respetando todas las garantías del debido proceso. Rechazamos la afirmación de la OACNUDH señalando que las acusaciones fueron desproporcionadas o desprovistas de pruebas.
Derecho de las víctimas a interponer recursos y a obtener reparaciones
Como parte de los esfuerzos del Estado de Nicaragua para la consolidación de la Paz y superar la crisis provocada por los actos violentos del 2018, fue aprobada la Ley No. 985 “Para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”; la Ley No. 994, Ley de Atención Integral a las Víctimas, y la Ley No. 996, Ley de Amnistía. El procedimiento de formación de estas leyes estuvo determinado por la Constitución Política de Nicaragua y su implementación han contribuido a la Estabilidad y la Paz en el País.
Desde enero del 2019, se han creado a la fecha 6,931 Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz a Nivel Nacional, que han venido a fortalecer y cimentar los esfuerzos de paz en el país.
En cumplimiento a la Ley Integral de Atención a Víctimas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha coordinado con las Instituciones del Estado de Nicaragua para garantizar que las víctimas de los hechos violentos ocurridos a partir de abril del 2018 reciban atención y reparación especializada a nivel integral. Asimismo, se cumplió con la Ley de Amnistía.
La Asamblea Nacional también ha renovado el mandato de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, la cual ha emitido 3 informes que reflejan una intensa labor de investigación, aportando al concepto que el esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad de lo ocurrido contribuye a la reparación de las víctimas.
El Poder Ejecutivo publicó el 15 de abril de 2019 el Programa de Retorno Voluntario de los nicaragüenses en el Exterior que salieron en el contexto de los hechos violentos ocurridos a partir de abril de 2018.
Impacto de la crisis en los derechos humanos.
A pesar de los efectos causados por el intento fallido de golpe de Estado, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha mantenido la estabilidad macroeconómica y los niveles de inversión pública, asegurando los programas sociales, principalmente en educación y salud gratuita de calidad a la población.
Rechazamos con firmeza el enfoque especulativo del informe sobre el estado de la economía nacional, ya que no se corresponde con la realidad de recuperación económica del país y el enorme esfuerzo y sacrificio de la población nicaragüense para reconstruir las sendas de paz y bienestar que venía construyendo, previo al intento de golpe de estado de 2018.
El informe aborda de una manera ligera y superficial el tema de la restitución de derechos y bienestar de la población indígena y afrodescendiente.
No reconoce que Nicaragua cuenta con la legislación y la práctica más avanzada del Hemisferio en términos de derechos indígenas y afrodescendientes; que ha garantizado la demarcación y titulación efectiva de más de 37,842 km cuadrados, equivalentes al 31% del territorio nacional. Tampoco reconoce los significativos avances en la restitución de derechos de todos los nicaragüenses en la última década, en especial indígenas y afro-descendientes, con la mayor inversión pública en infraestructura vial, económica, social y productiva en la historia de Nicaragua.
Señor Presidente,
El informe presentado está sesgado en contra del Pueblo y Gobierno de Nicaragua. La metodología de fundamentar apreciaciones en base a criterios de segunda y tercera mano, sin la debida comprobación, privilegiando información vertida por medios de comunicación, medios sociales y organismos no gubernamentales de oposición, entre ellos una ONG cuyos propios directivos denunciaron a su Director por inflar la cifras de muertos, heridos y detenidos para aumentar los recursos financieros que recibían del exterior, fondos que la acusación también indica que fueron malversados, hace que el informe refleje significativos errores en el manejo de cifras, alineándose claramente con las intenciones políticas de algunos países interesados en desestabilizar y descarrilar el positivo desarrollo de Nicaragua.
Veamos también el ejemplo de la grosera imprecisión con que el informe aborda datos sobre la población indígena y afro-descendiente, al decir que se han titulado 120 mil kilómetros cuadrados de tierras, cuando todo el territorio nacional representa un poco más 134 mil Km2. Un error que señalamos en dos ocasiones, pero lo mantuvieron en el informe final.
Como dicen en mi país, por la víspera se saca el día. De este tipo de errores y apreciaciones subjetivas está lleno el informe.
Por otro lado, las conclusiones y recomendaciones pretenden sustentar transformaciones profundas en la superestructura del Estado y su funcionamiento jurídico. Manifiesta una tendencia de injerencia directa en los asuntos internos del país al intentar subordinar la institucionalidad nacional a la tutela de organismos internacionales, lo cual viola la Independencia, Soberanía y Autodeterminación del pueblo nicaragüense, algo que no estamos dispuestos a ceder jamás!.
Señor Presidente,
El Gobierno de Nicaragua mantiene su compromiso de continuar trabajando por la Unidad Nacional, la Reconciliación y la Paz, profundizando las conquistas democráticas, económicas, sociales y culturales y fortaleciendo las condiciones indispensables para continuar librando exitosamente la batalla contra la pobreza y la inequidad.
Seguiremos cumpliendo los compromisos asumidos con nuestro Pueblo y con la Comunidad Internacional para continuar por la senda del progreso y el bienestar, iniciado hace poco más de una década.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua reitera que mantiene una estrecha cooperación con el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como con sus mecanismos. En el tercer ciclo de nuestro Examen Periódico Universal, presentamos los avances de nuestra joven democracia en materia de derechos sociales, políticos y económicos, así como lo hicimos en los dos anteriores ciclos.
Nicaragua ha sido reconocida internacionalmente como el país más seguro de la región, el que más rápidamente ha reducido la pobreza y la desigualdad, de mayor acceso a salud y educación de calidad, el de mayor crecimiento en promedio multianual y uno de los cinco países con mayor paridad de género del mundo.
Este proceso de desarrollo fue interrumpido por grupos violentos que en el abril de 2018 intentaron alterar el orden constitucional para despojar una vez más al pueblo de los derechos que se han venido restituyendo.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa empeñado en consolidar la paz y seguir impulsando el bienestar de las familias Nicaragüenses.
Muchas Gracias.
