Llamamos a los Vanguardistas y a todo el pueblo a entregar su participación activa y su solidaridad a la Huelga Nacional

LA SOLUCION DE LA CRISIS FISCAL DEBE SER JUSTA Y QUE CADA UNO APORTE CONFORME A SUS RECURSOS, PARA QUE LOS RICOS CONTRIBUYAN COMO RICOS. DESEAMOS A LOS HUELGUISTAS UNA GRAN VICTORIA EN ESTA LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL

Por: Humberto Vargas Carbonell*

Un Estado que en los choques sociales es terco y obstinado defensor de los poderosos e injusto y violento contra los trabajadores, puede llamársele, con justa razón, un Estado Maldito.
Maldito es el pertinaz e irreductible en el mantenimiento o profundización de la injusticia social.

No le tengo ninguna fe a las estadísticas oficiales. Es infinitamente más veraz el paisaje social que, solamente por estar vivos, se presenta ante nuestros ojos. El incapaz de ver lo evidente sufre la peor de las ceguera, que es la ceguera ética que nace en el corazón endurecido por la ambición o por la estupidez.

Al lado de los palacetes y los clubes exclusivos que crecen todos los días, aumentan a mayor velocidad los tugurios, los niños abandonados, el abominable negocio del “menudeo de drogas”, la prostitución y muchas otras tragedias sociales.

La sociedad no es plana, es compleja puesto que hay en su seno dos grupos principales: los oligarcas y los trabajadores, tema que podría reducirse para efectos de simplificación, los ricos al lado de los representantes de los monopolios extranjeros y los trabajadores. En el estamento de los ricos encontramos diferencias, puesto que los que tienen más capital son más poderosos que los que tienen menos y también en el mundo de los pobres hay unos más pobres que otros. Pero en términos generales es posible afirmar que los ricos en su conjunto constituyen una agrupación dominante y, como resultado, una clase privilegiada. A su vez el conjunto de los trabajadores y los sectores más empobrecidos son una clase subordinada y explotada.

En última instancia las diferencias sociales nacidas del modo de producción son cristalizadas por el poder político (superestructura ideológica, especialmente la política y jurídica). La pregunta esencial en este momento es la siguiente: ¿Quién ejerce el poder del Estado? Y la respuesta es evidente: el poder político y todas sus derivaciones están sometidas a la voluntad de una clase social dominante: la oligarquía. Esta oligarquía ha utilizado su poder total para someternos a un poder extraño: los monopolios imperiales. Con ese propósito incorporaron el sistema jurídico vigente grilletes como los Programas de Ajuste Estructural con el FMI y los Tratados de Libre Comercio, en especial el firmado con los Estados Unidos. Hay muchos otros convenios que engrosan la cuerda puesta al cuello de la patria.
Lo dicho no tiene más propósito que explicar en unas pocas líneas lo que sigue.

Nuestra sociedad está en este momento está sometida a un enorme choque social, que no es el resultado de un choque de abstracciones científicas sobre cómo resolver un problema; es el choque real de dos concepciones contrapuestas sobre la justicia social. Es una lucha de clases.

¿Cómo resolver el problema fiscal? ¿Qué hacer para evitar que este problema desemboque en una crisis económica generalizada?
En mi opinión ya se acabó la discusión sobre las innumerables versiones presentadas en la Asamblea Legislativa. El foco principal de la discusión es por qué el gobierno y toda la clase dominante insisten en la “solución” antipopular; los burgueses se disfrazan de patriotas para defender sus mezquinos intereses y a su gobierno, al tiempo que usan los más viles argumentos para atacar al pueblo trabajador.

El pueblo trabajador no tiene cómo burlar los impuestos que se cargan a su salario o a su consumo.

Los grandes empresarios tienen mil modos de burlar y eludir la obligación de contribuir a los gastos públicos. Esta es una historia bien sabida y resabida.

Vale la pena preguntar al Gobierno: ¿Por qué los exportadores de piña no pagan impuestos, de lo cual, además, se sirven los narcotraficantes para mantener su letal negocio?

Otra pregunta: ¿Cuánto paga el monopolio extranjero Walmart, que está arruinando a los campesinos y ha hecho desaparecer a miles de pequeños comercios?

¿Y los bancos extranjeros y los negocios de “bolsa” con cuánto contribuyen a los gastos públicos?

¿Cuántos deudores multimillonarios de la Caja del Seguro Social andan muy campantes, a pesar de las responsabilidades penales que conlleva su delito?

¿Cuáles fueron las razones para entregar los servicios inalámbricos de telefonía y otros a las empresas Claro y Movistar, en perjuicio directo del ICE?

¿Por qué hicieron desaparecer, en la práctica, al Consejo Nacional de Producción, con el propósito de arruinar a la economía campesina?

¿Por qué las obras de infraestructura resultan tan caras pesar de su evidente mala calidad?
Estas y muchas otras preguntas llevan implícita una dolorosa realidad: la corrupción administrativa está en el fondo de todos los problemas fiscales y económicos.

Con un desparpajo inadmisible en la prensa y en los discursos de los politiqueros se acusa a los empleados públicos de ser privilegiados y de que sus privilegios son el generador de los problemas fiscales y económicos. Ideólogos y publicistas al servicio del Gobierno y de las cámaras patronales no cesan de repetir semejante falsedad. La realidad, es decir la verdad, corre por dos vertientes que se unen en un torrente crítico: en primer lugar, la corrupción de las cumbres burocráticas, en sus más diversas modalidades y, de otra, la irresponsabilidad de la dirección política y administrativa del Estado costarricense desde hace muchos años.

No es difícil entender porque ahora los delincuentes de la corrupción y del mal manejo de los asuntos públicos vienen a estas alturas a rasgarse las vestiduras ante el pueblo sufriente; son los típicos “sepulcros blanqueados”, de los que nos habla Mateo en la Biblia, “que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia” y “agrega: “Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad”.

La hipocresía y la mentira al igual que el robo de bienes públicos son manifestaciones de corrupción. Ocurre cuando las virtudes ciudadanas se pudren y comienzan a despedir un olor nauseabundo. Nadie puede alegar incapacidad para detectar la fetidez del robo; esa incapacidad cuando es fingida se torna complicidad.

La Nación, la misma de siempre, en su página editorial (8 setiembre 2018) llama, a los trabajadores que están defendiendo sus derechos, “chantajistas”, siendo que el chantaje y la extorsión son figuras delictivas, podría acaso este periódico demostrar que el propósito de los sindicatos es precisamente cometer este delito. Por supuesto que es un cargo absolutamente falso.

Acusa este periódico a los sindicatos de “prestar oídos sordos a una crisis fiscal…”, no resulta acaso que son los grandes empresarios (UCCAEP) los que reiteradamente se oponen a entregar su contribución para solucionar la crisis fiscal.

Luego sigue una larga lista de acusaciones contra los sindicatos. Todas igualmente falsas.
Los sindicatos hicieron los mayores esfuerzos para lograr un acuerdo con el Gobierno. La razón principal que hizo imposible un acuerdo es que el Gobierno se constituyó en guardián de los intereses de los grandes ricos y, en la práctica, en enemigo del pueblo trabajador.

Así que habrá huelga. La huelga es legítima porque la avala el derecho, pero sobre todo porque es justa.

Deseamos un gran éxito a los sindicatos y con ellos a todo el pueblo trabajador.

 

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*Secretario General PVP