Damnificados sufren mientras partidos se reparten ¢25 mil millones
Los partidos recibirán 25 mil millones de colones del presupuesto nacional para la campaña electoral, esto es injusto y carece de sentido
Por: Humberto Vargas Carbonell
Como era de esperar la Asamblea Legislativa enterró, bajo un alud fango demagógico, la posibilidad de reducir la “contribución del Estado al pago de los gastos electorales”.
Creo que todos los costarricenses cuerdos sabían de antemano que la propuesta no era más que una falsedad, cuyo propósito no podía ser otro que su utilización como eslogan de campaña. Un elemento de la mercadotecnia electoral, que es ya hoy la putrefacción del quehacer político de las clases dominantes y de sus representantes.
El salto de la publicidad mercantil a la propaganda política ha generado muchos de los graves problemas institucionales que padece hoy nuestra sociedad. La publicidad permite mentir y en esa misma línea también en la política.
Candidatos sin compromisos, ni éticos ni políticos, producen gobernantes y diputados sin rumbo, buenos apenas para mantener el statu quo de la decadencia general y sistémica.
El que logra juntar un montón de pesos o una corte de buenos amigos con plata, lanza su candidatura. Son candidatos sin biografía de servicio al pueblo trabajador, que son la mayoría de los sufragantes.
Los pasos electorales están marcados por las encuestas y los llamados análisis de opinión, con el agravante de que las opiniones son sugeridas por la propia campaña. El vencedor es el que tiene más capacidad para inducir ideas falsas y crear emociones capaces de alterar la capacidad cognitiva de los electores.
Estos procesos son posibles por el uso abusivo de los medios, especialmente de la televisión y de la radio. Para eso se requieren enormes gastos, que en nuestro país salen de los impuestos que pagan todos los habitantes. Lo pagan hoy con impuestos o lo pagarán después, pero con la carga financiera de los intereses que paga la ya exorbitante deuda pública. El rumbo que lleva a la crisis fiscal es una ruta equívoca y peligrosa. El peligro lo corren los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores informales y los campesinos pobres. Sobre sus hombros caerá todo el peso de la llamada “política de austeridad”; se abrirán nuevos negocios para los oligarcas y serán más hondos los sacrificios para el pueblo.
Así es que bajo la sombra de 25 mil millones de colones, algunos se relamen y se frotan las manos y otros, la gran mayoría, siguen viviendo sus penurias. Pronto llegaran los que ofrecen todo y no cumplen nada. Al pueblo lo engañan, a los ricos les ofrecen o les venden privilegios y canonjías. El que triunfa en el proceso electoral, como siempre ocurre, se olvidan de las necesidades de los humildes y entregan jugosas retribuciones por el apoyo de los ricos. Es la esencia de la deformada ética que promulga el neoliberalismo.
Así es una sociedad en que todo lo domina un grupo hegemónico, cuya razón de vida es el enriquecimiento a costa del sudor de los que trabajan. Es la lucha de los productores reales contra los parásitos explotadores.
¿Se justifica que se gaste en la algarabía electorera 25 mil millones de colones, mientras los damnificados por el huracán OTTO y la tormenta NATE, sufren las consecuencias de los fenómenos naturales y de la injusticia social? ¡No hay justificación para tan brutal injusticia!
Es falso que ese dislate presupuestario sea el precio de la democracia. La democracia es igualdad e igualdad todos los días. La democracia no puede ser reducida al minuto del voto, tiene que ser la capacidad del pueblo de opinar sistemáticamente sobre la conducción de los asuntos públicos. El pueblo opina en su lucha, con su propia organización. La capacidad de organizarse es permanente saboteada por el Estado y, a menudo, brutalmente reprimida.
La protesta popular termina a menudo en los estrados judiciales, cuando no en las celdas carcelarias. Los ejemplos sobran, así como sobra la impunidad que protege a los represores.
Decir que las elecciones son la democracia es convertir el principio en un simple enjuague; se sacan los votos, se cuentan, se destruyen y todo vuelve a la situación anterior.
Me parece que la primera responsabilidad de las autoridades y de todo el pueblo es resolver, en la medida de lo posible, los gravísimos y trágicos problemas de los damnificados.
Democracia es, en las condiciones concretas de nuestro país, volcar todos los recursos para auxiliar a los damnificados, a los huérfanos, a las viudas, a los que perdieron su techo, a los que perdieron los frutos de su trabajo honesto, a todos los que sufrieron por actos de la naturaleza y de la injusticia social.