La corrupción es el común denominador en los cuatro poderes del Estado
Monseñor Oscar Arnulfo Romero
El Poder Judicial tocó fondo. La corrupción es su nueva constitución, ley e ideología. Todo nace cuando los partidos políticos adoptan la tesis penetrar la justicia y así conseguir inmunidad a cambio de nombramientos y reelecciones de magistrados.
En la Constitución Política encontraron el punto débil de la justicia y le están “sacando fruto” sin misericordia. En el artículo 158 de la Constitución Política se establece que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa (38 diputados).
En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Esto último funciona de manera que un partido político o dos pueden comprar a cualquier magistrado con la reelección si le pueden garantizar que al menos 20 diputados no votarán en su contra.
Este sistema de elección y reelección solo ha servido para que los magistrados pierdan su dignidad en los pasillos de la Asamblea Legislativa o en Rohrmoser cuando tienen que ir a comprometer sus votos o fallos judiciales a cambio de apoyo para ser nombrado o reelecto como magistrado. Esta es la piedra angular de la corrupción.
Una vez penetrada la corte plena (22 magistrados) es fácil corromper el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Fiscalía General de la República porque la Corte Plena elige a los 3 magistrados del TSE y al Fiscal General y con este último, los magistrados, se garantizan que jamás se van a “ensuciar sus manos” absolviendo, desestimando o sepultando denuncias de corrupción en contra de sus representados o dueños políticos. Les pertenecen en cuerpo y alma.
Los escándalos en torno al Magistrado Celso Gamboa y al fiscal general Jorge Chavarría son el resultado de décadas de decadencia de la honestidad, la ética y dignidad del Poder Judicial. No solo las contradicciones, falsedades y ridículos hecho por el magistrado en el desempeño de sus funciones, también su relación con personas cuestionadas en escándalos vergonzosos en los que participó de alguna forma. En cuanto al fiscal general su empatía con el liberacionismo lo ha hecho desestimar casos involucrados por sus políticos más cuestionados como Oscar Arias y el caso de Crucitas, donde dos jueces de la República se vieron obligados a reprender al Ministerio Publico por las investigaciones tan mal llevadas y a solicitarles que las ampliaran por errores judiciales imperdonables. El reciente escándalo de Coopelesca y la compra de una represa a Holcim es otro capítulo más en este desastre de corrupción donde la impunidad es la tónica de cada día.
El Ministerio Público y el Poder Judicial han permitido que todos estos escándalos lleguen al límite de los intereses de los corruptos y delincuentes sin hacer absolutamente nada. Su propósito es ver si los costarricenses callamos y demostramos poco interés por sus acciones. Dejan en manos de un medio de comunicación corrupto como La Nación la inculpación, juzgamiento y condena pública de los que afectan los intereses de la oligarquía. Todo esto es parte de un modelo político que sirve a los poderes fácticos y a la corrupción de sus políticos serviles. El poder de los corruptos se consolidad con la ayuda del Poder Judicial y su ministerio público.
La justicia no puede funcionar así y menos cuando en sus propias narices se están robando los dineros de todos los costarricenses. Esta situación es tan grave que no se soluciona con pedir renuncias o investigaciones de mentirillas, como están haciendo algunos entes gubernamentales. La verdadera solución es un proceso investigativo que busque la verdad real de los hechos y siente las responsabilidades sobre los que han cometido las faltas a la ley.
Cuando a un funcionario corrupto, sea público o privado, se le aplique un proceso disciplinario, civil o penal donde de verdad sienta que lo va a investigar y sancionar gente honesta e insobornable, renuncia inmediatamente, pese a esto si se llega hasta el final del proceso y se le condena, finalmente iniciará el fin de la corrupción. Ni el más poderoso de los corruptos tiene poder por sobre la verdad.
Debe destituirse al Fiscal General, al Magistrado Gamboa y a todos aquellos que favorecen los intereses de la corrupción.
No es momento para tenerle miedo a la no reelección en el poder judicial.
Partido Vanguardia Popular
26 setiembre 2017
