Sobre el ordenamiento territorial y vial en la GAM

Por: Luis Ernesto Araya Vargas *
Para Periódico Libertad

A continuación analizaremos el fondo o contenido de un artículo publicado de manera digital que trata las temáticas más importantes en cuanto a planeamiento urbanístico en el país, siendo este una fuente al menos inicial para conocer la propuesta del Gobierno de la Nación, pues es la misma Primera Dama de la República Claudia Dobles la que nos ilustra en cómo se gestionarán los ejes tratados. En el artículo se establece que la respuesta del Poder Ejecutivo al caos vial será atravesada por los ejes de: la movilidad, la intervención en vivienda y el ordenamiento territorial. Básicamente las altas intenciones se reducen a una problemática llamada caos vial la cual en realidad sería un producto o reflejo de la pésima planificación social de quienes han llevado las riendas del país.

En base a esta propuesta los jerarcas de distintos ministerios o instituciones coordinarían las acciones a realizar. En cuanto a movilidad proponen el «Tren Rápido de Pasajeros (TRP)», sectorización en el servicio de autobuses y el cobro electrónico en ambos servicios públicos. En cuanto a vivienda señalan la intervención de asentamientos informales e implementación de políticas públicas para permitir el acceso de vivienda a la clase media; con respecto al ordenamiento territorial proponen mayor coordinación con gobiernos locales.

La nota indica que están creando lineamientos para cumplir las promesas de campaña. El TRP, la sectorización, la vivienda de clase media y ciudades más resilientes y ordenadas; serían sus objetivos. Se busca coordinar regidores, presidentes ejecutivos, ministros y viceministros, para generar áreas grandes de trabajo para ordenar al Poder Ejecutivo, en este caso en el área intersectorial de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Podemos resaltar que existe en primera instancia una manipulación política al plantear la gestión de los fenómenos de movilidad, acceso a vivienda y ordenamiento territorial desde una perspectiva politiquera, ya que el manejo de estas problemáticas generadas por una mala planificación urbana o con muchas décadas de ausencia, refleja problemáticas sociales más complejas como lo son el conflicto territorial, el desempleo, la migración interna y externa, la exclusión social, el clientelismo político o bien, la falta de coordinación entre las jerarquías de burócratas de distintas instituciones públicas.

En el Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2018), se hace referencia a las implicaciones en los componentes: social, ambiental y económico; que con llevan el crecimiento urbanístico, sin embargo, no existe una claridad en cuanto a mitigar o subsanar estos impactos a nivel social o cualquiera de estas áreas. Por ejemplo, nada se dice en el artículo desde la propuesta de la Primera Dama, sobre el impacto que tiene la movilidad en el componente medio ambiental al producir distintos efectos sobre los recursos medioambientales que se han visto sumamente afectados. Refiramos la contaminación sónica, o el deterioro en la calidad del aire de las zonas altamente pobladas, casualmente ocupadas por grandes sectores de población marginal o de clase media proletaria. Esto aunado a la lamentable contaminación de los ríos y las fuentes de agua.

En cuanto a la movilidad, solamente se refiere a la “sectorización” que vendría ser una suerte de distribución de las paradas o puntos de acceso al transporte, su trazabilidad (origen y destino) las rutas a seguir por los buses o el tren en su defecto. Pero nada indica que esta «sectorización» canalice las inquietudes sociales de las comunidades, disminuya los impactos medioambientales, o bien,  sirvan de impulso económico, o que estén libres de determinismos económicos que obligan a la población a depender de ciertos tipos de actividades económicas en una suerte de determinismo estatal activo del trabajo, lo cual limitaría las oportunidades de crecimiento de las personas.

En cuanto al acceso a vivienda para las clases medias, se presentan serias dudas al respecto de lo propuesto por el Poder Ejecutivo, ya que la tendencia como se indica en el PNE – 2018, para la GAM es el crecimiento vertical, al darse un «agotamiento» del área disponible para urbanizar. Lo que nos habla de una limitación del acceso a la tierra para las clases proletarias pobres y de clase media. Esto ha provocado que el desarrollo inmobiliario tenga una tendencia vertical, dándose una incremento de 600% desde 1990, según señala el PNE -2018; lo que provoca un aumento en la densidad poblacional y la carencia de servicios básicos.

El documento señala:

«Los patrones de crecimiento urbano y el agotamiento de espacios disponibles han generado una oferta de tierras menor a la demanda. Esto deriva en un aumento de los valores del suelo y, a la vez, de los gastos que debe asumir la población que busca los terrenos más accesibles económicamente, para trasladarse a sus lugares de trabajo o realizar otras actividades.» (PNE, 2018, pág. 162).

Además se debe señalar que en una Costa Rica, con un incremento rampante del desempleo, alto empleo informal y la exagerada usura que produce la burbuja inmobiliaria, frente a la disminución de la capacidad adquisitiva de la clase media, nos enfrentamos a un panorama de pauperización de la clase media y aumento de la brecha social especialmente para las clases más desposeídas que son mayoría en la GAM.

Respecto al ordenamiento territorial, debemos señalar que nada se dice sobre cómo generar, o cuáles serían las herramientas jurídicas que regularían el crecimiento urbanístico o cualquier otro tipo de desarrollo inmobiliario. Nada nos indica la Primera Dama sobre cómo generar los instrumentos legales que regulen y normatizen la industria inmobiliaria del país, que hasta el momento no toma en cuenta para nada el impacto: social, económico o medioambiental de su expansionismo.

El Poder Ejecutivo propone coordinación entre las jerarquías de altos burócratas, pero esto no es suficiente, pues se carece como en muchos países periféricos y en «vías de desarrollo», de un verdadero ordenamiento territorial, siempre supeditado al control de los grandes propietarios. No existen instrumentos efectivos más allá del plano local o regional que establezcan regulaciones detalladas sobre construcción; por tanto, no refleja lo expuesto en el artículo del diario digital mencionado la intención de constituir una política pública robusta para el ordenamiento del territorio. Por el contrario, el complejo y obsoleto entramado institucional y normativo existente bloquea cualquier iniciativa en esta dirección. Para concluir podemos intuir que la intención política del Poder Ejecutivo olvida elementos básicos para gestionar las temáticas propuestas anteriormente.

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* Antropólogo y escritor

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ENLACES:
Programa Estado de la Nación –PEN. (2018). Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (Págs. 158-163 y 255-260). Disponible en https://www.estadonacion.or.cr/2018/assets/en2018.pdf

Enlace al artículo del diario digital «El país»; Por Andrea Mora – 10 mayo, 2018 : Movilidad urbana, vivienda y ordenamiento territorial serán prioridad para Claudia Dobles.

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