La “omisión de lectura” no exonera a los funcionarios de sus responsabilidades ética y legales

El embrollo de la creación de UPAD tiende a enredarse, tiende a convertirse en un sainete


Por: Humberto Vargas Carbonell

El asunto relacionado con la UPAD, se complica y se complica cada día más, hasta llegar al allanamiento de la Casa Presidencia. En realidad, el acto judicial resultó inusitado e incomprensible, puesto que fue solicitado por el propio señor Alvarado, Presidente de la República.

¿De dónde salió es criatura? Resulta que la señora Ministra de Información, que se supone ha de ser la mejor informada de los actos presidenciales, no sabía nada del decreto que se publicó en La Gaceta, firmado por el Presidente Alvarado y publicado por orden suya.

No se trató de una inocentada como trató de hacerlo creer el Ministro de la Presidencia. Ya hoy sabemos que se solicitó información sobre la totalidad de los ciudadanos o extranjeros endeudados con los bancos. Así lo hizo saber el propio jerarca de Sugef (Superintendencia de Entidades Financieras) y además informó que la solicitud no fue tramitada.

Además, según información entregada por las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, se intentó conocer el estado de salud de quienes reciben atención médica en esa Institución.

La intención de reunir esas y muchas otras informaciones sobre la vida y los actos privados de quienes habitan en este país no puede tener otro propósito como no sea la posibilidad de la manipulación de las conciencias o el dominio directo sobre la conducta de individuos o de grandes grupos humanos. Este un indecente recurso de dominación social.

El Ministro de la Presidencia en audiencia legislativa, se inculpa de omisión de lectura. En el futuro todos los funcionarios podrán burlar las responsabilidades políticas con el simple alegato de “omisión de lectura”. Ya antes lo había alegado Oscar Arias para el caso del Decreto sobre Crucitas.

Sin ánimo de ofender a nadie, se acabó con las responsabilidades inherentes al delito de prevaricación, ahora basta con que los responsables aleguen la “omisión de lectura”.

Si en el tránsito de la Asamblea Legislativa a la Casa Presidencia se modifica el texto de un proyecto de ley, ¿podría alguien alegar en su beneficio que se trató de una “omisión de lectura”?

Esta sinrazón no puede justificar ningún alegato que justifique la violación de la Constitución o de las leyes.

En conclusión resulta que el documento que creo UPAD no fue leído por nadie y nadie asume la responsabilidad de haberlo redactado. De dónde se puede colegir que los autores del Decreto eran tan pero tan poderosos que no fue revisado por nadie, ni siquiera por el Presidente de la República. Será cierto que nadie percibió que el texto contradecía la Constitución Política. Si preguntamos a las más altas autoridades oficiales y nadie sabe nada, ni siquiera los más obligados a saberlo; dicen que se cometió un “desliz”, pero no un desliz cualquiera puesto que podría convertirse en prevaricación.

Cualquiera podría creer, con justa razón, que el texto del escándalo llegó por vía aérea desde algún país lejano, porque solo así quedaría bien explicada la “omisión de lectura”.

Alrededor de un asunto tan grave han aparecido conductas incomprensibles. El Presidente solicita el allanamiento de la Casa Presidencial, la Ministra de Información ignora la publicación de un Decreto Ejecutivo que fue derogado unas horas después de su publicación, el Ministro de la Presidencia intenta justificar lo injustificables con argumentos inadmisibles. En medio del tanate aparece la Defensoría de los Habitantes, llamada por la Presidencia.

Por otro lado la fiscala General sin tener calificación para afirmarlo dice que no existen indicios de que se hayan borrado materiales en los medios electrónicos. ¿Por qué no espero que lo dijeran los especialistas que, según entiendo, son sus subordinados?

Es un embrollo, no cabe duda.

Estos asuntos siempre se embrollan y en la confusión siempre habrá unos que ganan y otros que pierden.

En los Estados Unidos hubo un fenómeno semejante, pero en este caso todos salieron perdiendo; perdió el pueblo, algunas figuras políticas extranjeras espiadas y también perdió el señor Edward Snowden, quien debió buscar refugio en el extranjero (ahora en Rusia) para evitar una larga pena de cárcel.

Snowden trabajó en la CIA y en la Agencia Nacional de Seguridad y su misión era espiar a los ciudadanos, sus coterráneos y a otros extranjeros. Hacía en grande lo que aquí se hace en pequeño, todo determinado por las dimensiones del país y por la diferencia de su papel en la política mundial. En un momento el señor Snowden creyó que se cometía un abuso contra la privacidad y la libertad de los ciudadanos, consagrada en su constitución y abandonó su trabajo y también su país.

Aún hoy está siendo perseguido. Hace poco tiempo publicó un libro autobiográfico. Tengo una gran necesidad de leerlo y espero que todos compartan mi interés.

El asunto de la UPAD dará muchas sorpresas, pero está al borde de convertirse en un sainete. Como en este país a nadie se le cobran responsabilidades políticas si no es sainete tampoco será tragedia.

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