La otra Costa Rica: empresas piñeras reciben tierras, los pobres no

“La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada” (Comisión de Derechos Humanos, Resolución 1993/77)

Por: Martín Rodríguez Espinoza

Once familias, en condición de pobreza extrema, fueron desalojadas de un terreno perteneciente al Instituto de Desarrollo Rural, INDER, en la Florida de Siquirres en la Provincia de Limón. Las condiciones en las cuales se produce este desalojo dejan dudas en cuanto a los intereses detrás del mismo, y que podría llevar a pensar que alguien pretende apropiarse del terreno.

A las familias, desalojadas el pasado 1 de enero de 2020, por la policía y personas ajenas a la propiedad del terreno no les presentaron una orden de desalojo y ningún otro documento oficial.

Sin hogar, en condiciones de pobreza extrema, sin apoyo ni intervención de ninguna institución pública, madres jefas de hogar enfrentan una difícil situación al ser desalojadas, con sus escasas pertenencias, con sus hijos y muchas de ellas se encuentran alojadas en una pequeña casa que una familia cercana al terreno les prestó para protegerse de la lluvia y el sol.

Periódico Libertad estuvo presente en el sitio en donde algunas de las familias lograron refugiarse y expresaron el dolor que representa ver sus ranchos destruidos y quemados por la policía, sus hijos sin hogar y las necesidades propias de la marginación de un sistema social criminal que prefiere ceder miles y miles de hectáreas de terrenos a empresas transnacionales de piña y banano que a estas familias, lo mismo sucede con miles de familias campesinas sin tierra en la Zona Sur del país, en Guanacaste, San Carlos y muchos otros lugares del territorio nacional.

El desalojo forzoso se define como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 7, ONU)

Esto no es nuevo en Costa Rica, cada día miles de terrenos son acaparados por transnacionales y terratenientes nacionales, es consecuencia de una situación de pobreza y exclusión que afecta a amplios sectores de la población. Exclusión que consiste en condiciones como desempleo, falta de acceso a créditos, falta de conocimiento o asesoramiento técnico y falta de titulación de la propiedad y de la tierra.

Ya nadie sabe qué pasó con la cacareada Banca de Desarrollo, los “famosos” créditos especiales para vivienda anunciados por el gobierno de turno están fuera del alcance de estas familias que sobreviven con los miserables salarios, cuando tienen trabajo, de las empresas de piña o banano.

Las novedosas propuestas de la Banca nacional pública, el Banco Popular, Banco de Costa Rica y Banco Nacional expuesta en Casa Presidencial en junio del 2019, sólo son créditos para personas o familias con ingresos desde los ₡674.000, ingresos impensados para casi 400 mil familias costarricenses en condición de pobreza y pobreza extrema, que casualmente son las que más necesitan.

Gerardina López Cortés, del Partido Vanguardia Popular en la zona, indicó que “Estas familias, en La Florida de Siquirres, tienen necesidades que son más apremiantes y difíciles de resolver por ellos mismos: mejores oportunidades de trabajo o subsistencia, salud, educación, alimentación, seguridad social y jurídica, facilidades de desplazamiento, acceso a crédito.”, para la vecina de Siquirres la situación debe ser resuelta con prontitud, “ hay niños y niñas pequeños y otros deben estudiar y no tienen un hogar, menos para cuadernos, lápices, entre otras necesidades.”

Al lado de esto, la lucha por la tierra continuará y se profundizará, la pobreza de miles de familias llevan a la organización y la lucha en todo el país. El Regional del PVP en la zona continuará haciendo gestiones locales para ayudar a las familias.

Todas las propuestas de los gobiernos de turno han demostrado el fracaso de esfuerzos por dotar de vivienda, tierra y desarrollo al pueblo costarricense, pero también evidencian que gobiernan para unos pocos y no para el pueblo que los elige en cargos públicos que deben ser sometidos al escrutinio y la fiscalización de la ciudadanía; y, ¿por qué no ampliar la “democracia” y también tener derecho al referéndum revocatorio de su cargo?

Costa Rica ha dejado de construir vivienda social, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, se ha convertido en un ente sin poder, al igual que el INDER  o el Consejo Nacional de Producción, CNP, no se le da importancia al déficit habitacional, se trata de enfrentar el problema desde las consecuencias, sin atender necesariamente las causas, y esto conduce a nuevos problemas. La causa del problema de la vivienda son la pobreza y la exclusión. La exclusión debe ser entendida en un amplio sentido económico, social y humano que no le interesa a quienes gobiernan. Su principal característica puede ser la económica, pero incluye oportunidades y capacidades para labrarse un camino en una sociedad productiva, con empleo, estudios, apoyo financiero y conocimiento.

Incluso, entidades que deben intervenir en auxilio de estas familias, no lo hacen. Tal es el caso del INAMU, la Defensoría de los Habitantes, el IMAS, la CCSS o la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, los bancos estatales y muchas otras instituciones que podrían hacerlo.

El Partido Vanguardia Popular, PVP, está realizando una campaña de recolección de víveres y ropa para estas familias de La Florida de Siquirres en Limón, pero también para las familias campesinas de Corredores, Finca 9 y otras en la Zona Sur.

Usted puede colaborar llamando al teléfono 2225-8300 o visitando el Centro Obrero y Cultural Carmen Lyra, sede del PVP, 500 metros sur de la iglesia de Zapote.

La solidaridad de las organizaciones sindicales, sociales y pueblo en general es muy importante en estos momentos, la lucha por la tierra continuará y sabemos que la respuesta del gobierno de turno será la misma de siempre, desalojo, destrucción y quema de ranchos, garrote y cárcel.

El accionar de la policía, como se ve en la imagen de la galería, es provocativa, nos retaron a ingresar al terreno y provocan a las familias con necesidades. Es un tema que tocaremos en otra nota.

Fotos: MRodríguezE

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