Negar el derecho de huelga a los trabajadores es negar la democracia
Las leyes que se discuten en el congreso y que son apoyadas por el gobierno representan el fin del derecho a la protesta social. Si se niega el derecho de huelga nacerá el fascismo y también nuevas formas de lucha popular.»
Por: Humberto Vargas Carbonell
Es evidente que el gobierno se mueve en suelo arenoso, pero de arenas movedizas. Resulta absurdo que se le pida a los sindicatos que se acerquen a un peligro, puesto que no otra cosa es negociar sin que exista la posibilidad de llegar a un consenso que, como en toda negociación, ha de ser el resultado de un equilibrio que solo se logra si hay concesiones de ambas partes.
El Presidente rechaza esta posibilidad, según sus propias declaraciones.
En el periódico La Nación dice el Presidente Alvarado: “A pesar de las presiones sindicales, el Gobierno mantiene su decisión de impulsar en la Asamblea Legislativa la reforma al empleo público y fungir como mediador en el trámite de dos proyectos que pretenden evitar excesos en las huelgas del sector público”.
El proyecto no es para evitar excesos, es para impedir un derecho humano fundamental, el derecho de la defensa de intereses propios y legítimos. Ese es un proyecto fascista, contrario a los derechos humanos fundamentales.
Los capitalistas están garantizados, sus ganancias están protegidas por el régimen jurídico imperante. Ellos son la clase dominante.
Cuando se negocia con el Presidente debe entenderse que se negocia con la más alta autoridad (formal) política. ¿Pero sí la decisión ya está tomada, qué sentido podría tener una negociación? Ninguno. Sería una simple pérdida de tiempo.
El tiempo es muy valioso para los sindicatos. El Gobierno puede darse el lujo de perderlo. Así lo hizo en el pasado reciente. El campo más fuerte del Gobierno es precisamente hacer que los sindicatos pierdan el tiempo que debe dedicarse a la lucha y a la organización.
En otro momento, en la misma edición, la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica indicó a La Nación “que a los sindicatos se les explicó que el Ejecutivo seguirá con la reforma al empleo público, a pesar del diálogo abierto con sectores que se manifestaron en días recientes para exigir que se retire de la discusión en el Congreso… el proyecto, en este momento está en la corriente legislativa y seguirá su curso…”
Obviamente están cerrados los caminos del diálogo y, es nuestra opinión: sino no hay posibilidad de diálogo constructivo y respetuoso, la opción es la organización y la lucha.
Están en juego intereses fundamentales del pueblo, son los intereses legítimos de todos los trabajadores y todos los que están padeciendo las consecuencias de un modelo concebido para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.
Las leyes en discusión contradicen los elementos básicos de lo que puede ser una democracia burguesa. Es una deriva al fascismo. Esto ocurre cuando los sectores populares pierden el derecho a la autodefensa. El derecho a la huelga es un derecho fundamental para garantizar un cierto equilibrio social. Cuando ese equilibrio se pierde fenece la democracia burguesa y es sustituida por el fascismo.
Una sociedad tan desigual no es democrática. Ahora, los políticos responsables de los males populares se solidarizan con el gobierno y con la Asamblea Legislativa. Es absolutamente claro, puesto que están tratando de defender sus propias acciones. Ignoran que sus partidos perdieron identidad, que ahora son simples maquinarias electoreras, debilitados porque todos los son iguales y porque han sido igualados por el neoliberalismo impuesto por el imperialismo yanqui.
Esperamos que los sindicatos cumplan con el deber luchar por el pueblo, por todo el pueblo. Sin discriminaciones y sin exclusivismo.
