Condena nacional a respuesta represiva del gobierno contra estudiantes de secundaria en Upala
Por: Martín Rodríguez Espinoza
No cabe duda de que cuando los argumentos faltan la violencia y la imposición autoritaria se imponen, desde hace muchos años, y no es exclusivo de este régimen que vive Costa Rica ahora, los gobiernos que administran para los grandes ricos de este país lo han hecho por décadas desde 1948.
A este gobierno no se le va la mano, el problema es que apenas está ensayando como pequeño tirano en potencia.
La represión policial contra estudiantes de secundaria del Liceo de Cuatro Bocas de Upala, los cuales recibieron golpes y según sus declaraciones se les roció con gas pimienta, en un evidente abuso de autoridad cometido por la policía.
Este no es un caso aislado en los últimos años, lo vivimos desde el año 2000 en la lucha contra el Combo ICE, contra el TLC, la lucha por el agua en Guanacaste, los viven las comunidades indígenas, el año anterior en las manifestaciones contra el Combo Fiscal, la represión en la marcha por la defensa de la CCSS en 2012, la manifestación contra el maltrato animal, hace dos días contra los pescadores que protestaban para ser recibidos en Casa Presidencial y hoy contra adolescentes de secundaria que protestaban contra las políticas de un ministro de educación incapaz de resolver los problemas más apremiantes de los centros educativos del país e impulsor de los deseos del sector empresarial para tener jóvenes esclavos disponibles mediante el proyecto de “educación dual”.
La petición de los sindicatos como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, de que el Ministro Edgar Mora debe renunciar es legítima y urgente.
Condenamos enérgicamente, como lo hace todo el país, la represión ejercida por oficiales de la Fuerza Pública contra estudiantes menores de edad, que protestaban pacíficamente en su colegio, al cual, por la tomas de video de las redes sociales, ingresaron para someterlos a la fuerza.
Este tipo de actitudes prepotentes del Estado costarricense, y la discusión de proyectos de ley para castigar y eliminar el derecho a la protesta social, a la movilización y a la huelga, que son esenciales para la construcción de una sociedad justa y equitativa, son acciones típicas de regímenes dictatoriales.
Violentando la Constitución política en cuanto al deber de los poderes de la República de velar por la justicia e igualdad social, el derecho al trabajo, a la vivienda digna, la educación, la salud, la vivienda, este régimen cede a los grupos de poder empresariales y profundiza la desigualdad social, la pobreza y la miseria, llevando al país al borde de un abismo al que parece algunos quieren que llegue.
Llamamos a la solidaridad para con los y las estudiantes en huelga y condenamos un gobierno que a costa de empobrecer al pueblo busca mantener los privilegios de los ricos y sus emporios.
