Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y los femicidios en Costa Rica

Por Lorena Coghi Robleto
Juventud Varguardista Costarricense

El 25 de noviembre de 2018, como todos los años y siguiendo el ejemplo de muchos países, en Costa Rica se realizó la Marcha contra la violencia contra las mujeres, que también aboga en contra de la violencia  machista contra personas sexualmente diversas.

Esta conmemoración surgió por el asesinato de las hermanas Patria , Minerva y María Teresa Mirabal, activistas dominicanas que fueron brutalmente asesinadas mientras eran prisioneras del  régimen dictatorial de Rafael Trujillo el 25 de noviembre de 1960.

La marcha se dirigió desde el Parque Central de San José a través de la Avenida Segunda hacia la Asamblea Legislativa, en donde se realizó un homenaje a las víctimas de femicidio del 2018 nombrándolas y diciendo consignas pidiendo justicia por ellas, al fina se realizó una vigilia en el Parque Morazán en el centro de la Capital.

Según el reporte de la Sub-Comisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio, en lo que va del 2018, han habido 52 mujeres asesinadas, de estos asesinatos 16 son calificados como femicidios. A este dato hay que sumarle las agresiones sexuales contra mujeres, incluidas niñas, que corresponden al 4% de denuncias ante el Ministerio Público, además de todos los casos que no se denuncian;  y los casos de violencia doméstica que no se denuncian pero que pueden terminar en muerte de las mujeres que la sufren, de sus agresores (que generalmente son sus parejas o ex parejas) e incluso de hijos e hijas de ellas. Estas agresiones tienen componentes culturales, sociales y de clase, donde las mujeres de más escasos recursos y de zonas urbano-marginales y rurales son las que generalmente sufren mayor violencia de género en sus hogares, lugares de trabajo y comunidades, violencia que además de física también es verbal, psicológica y económica.

Fuera de nuestras fronteras: Activistas sociales son asesinados en Colombia

El pasado 23 de noviembre, en el resguardo indígena de  San Lorenzo en el departamento colombiano de Caldas, tres miembros de una familia de activistas sociales y líderes comunitarios, el profesor César Díaz Tapasco y sus padres María Gabriela Tapasco Bueno y Serafín Díaz Guevara  fueron asesinados por cuatro personas con armas de fuego, presuntamente paramilitares,  mientras estaban en su casa a las 10:30 pm.

Este hecho destaca porque desde la firma del tratado de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano en 2016 han muerto asesinados muchos activistas sociales y ambientales, en 2017 asesinaron  a 170 y en el 2018 han sido 226, especialmente en la región Pacífica de Colombia  donde tienen aún mucha fuerza los grupos armados paramilitares, bandas criminales y disidentes del acuerdo de paz del 2016; ante esta situación los activistas denuncian la inacción del gobierno y de la Unidad Nacional de Protección que en teoría debe protegerlos .

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