Recortes al FEES implica un proceso de privatización de la Universidad Pública

Durante los últimos años, el Fondo Especial para la Educación Superior, más conocido como el FEES, fondo por el cual se financian las universidades públicas de este país, ha venido sufriendo los ataques neoliberales, significando un claro recorte al presupuesto de la educación pública costarricense. Esto se ha manifestado en la propuesta de recorte de 1 mil millones de colones dentro del presupuesto de la República para 2019. Inclusive, a pesar de que constitucionalmente el 8% está fijado para la inversión en Educación Pública. Esto no se ha cumplido a cabalidad, ya que en el presupuesto nacional de cada año esta asignación es inferior al monto establecido. Estos recortes consecutivos vienen a debilitar tanto la calidad de la educación superior como el acceso de los estudiantes de escasos recursos a una educación profesional de calidad.

Como ejemplo de lo anterior, las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica en las diferentes regiones han visto reducir su presupuesto, y se verían aún más afectadas con el Plan Fiscal que propone recortes que implicarán el cierre técnico de, por ejemplo, la Sede de de la UCR en Paraíso de Cartago. Estas reformas neoliberales que han aplicado en los últimos gobiernos y en especial el actual, vienen excusadas por el déficit fiscal que presenta las arcas del Estado a causa, principalmente, de la evasión y elusivo fiscal por parte de los grandes empresarios y transnacionales, y quienes pagan esta crisis es el pueblo y las instituciones públicas como las universidades.

Esta situación ha generado movilizaciones del sector estudiantil en los últimos días para protestar contra el modelo que pretende imponer por medio de proyectos como el 20.580.

Un elemento importante es que las manifestaciones estudiantiles visibilizan un apoyo moderado de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUCR, que ha convocado a marchar en ciertas ocasiones, pero no se ha manifestado con la combatividad que amerita este ajuste neoliberal y como deberían hacerlo como representación del estudiantado, peor aún, pactan y transan con el gobierno  Piza-Alvarado.

Visto el panorama sobre el fondo estudiantil es posible notar que el gobierno actual, como los anteriores, al disminuir la inversión en el sector educativo, tanto de secundaria como universitaria, lo que pretende con este plan fiscal es la privatización de la educación. Esto quiere decir que se cerrarán sedes regionales de las universidades públicas, o algunas determinadas carreras por no estar entre las prioridades de las universidades y del «mercado laboral», leáse, del interés del sector empresarial.

Ante esto existen dos escenarios posibles: primero, los y las estudiantes deberán recurrir a las universidades privadas en el caso de que sus carreras sean impartidas en esos centros, pero también deberán endeudarse con préstamos bancarios o de organismos becarios como la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) o el Fondo Nacional de Becas (FONABE), ya que la gran mayoría no cuenta con los recursos económicos para costear una carrera universitaria y actualmente reciben becas o beneficios económicos por su condición de estudiantes; el segundo es que, debido igualmente a los problemas económicos de los y las estudiantes y sus familias, deban dejar de estudiar si se les niegan becas o se les cortan las que ya tienen por las enormes dificultades de muchos y muchas estudiantes para costear sus estudios.

Otro aspecto que evidencia la paulatina privatización de la educación costarricense es que, en los últimos treinta años, el número de universidades privadas ha ido en aumento, algunas con mejor calidad que otras, lo cual repercute también en el costo de las carreras y en las posibilidades futuras de empleo para los estudiantes cuando se hayan graduado y en sus futuras condiciones sociales.

Es por esto que no se debe tomar a la ligera el plan fiscal y sus implicaciones a nivel educativo y social de los futuros profesionales y por ende del país. En este contexto, el actuar de la población estudiantil puede significar la diferencia en la presente huelga de los trabajadores y trabajadoras contra el plan fiscal.

Jose Pablo Garro Arce
Lorena Coghi Robleto

Juventud Vanguardista Costarricense, JVC