Reino Unido protegerá a los trabajadores de Uber y Deliveroo, ¿Y en Costa Rica?

La entrada a Costa Rica de transnacionales del transporte como Uber y Uber Meats, ha generado una serie de conflictos y cuestionamientos que van desde la fuga de capitales a empresas en el exterior, la competencia desleal con el servicio público de taxis y las condiciones laborales de quienes trabajan con este tipo empresas.

Si bien el conflicto de la legalidad o no del servicio de transporte en la modalidad de taxi está regulada legalmente y debería cumplir con ciertos requisitos indispensables para brindar el servicio, el problema entre Uber y los «taxis rojos» de servicio público solo viene a acrecentar la problemática de la privatización del servicio.  Desde un inicio la entrega de placas y permiso de servicio de taxi público estaba dirigido a concesiones particulares, individuales y como una forma de generar empleo, sin embargo esto se vino «pervirtiendo» desde hace muchos años cuando se permitió que una sola persona comprara las placas que pudiera pagar, así empezó el acaparamiento y algunos llegan a tener entre 20, 50 o más permisos. De esta forma las famosas cooperativas de taxis desaparecieron y se convirtieron en cascarones o empresas de una sola persona que explota el trabajo de personas humildes como conductores de sus taxis.

Posteriormente politiqueros y «empresarios» iniciaron maniobras para que sus «taxis piratas» contaran con algún tipo de «permiso» de servicio de transporte «privado», lo lograron gracias a que algunos diputados legislaron a favor de estos y, oh sorpresa, algunos de ellos tenían sus «taxis piratas».

Hoy son transnacionales las que vienen impulsando el servicio privado de transporte de personas y ahora comidas rápidas. Uber es una de ellas. Comparado con las «ganancias» que obtienen los choferes «afiliados», por que NO son contratados y se les denomina «colaboradores o socios», las de la transnacional son enormes por la flota vehicular que poseen gracias a «préstamos bancarios».

Uno de los problemas fundamentales y que dudamos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, esté supervisando y obligando al cumplimiento  de la legislación laboral, son precisamente los derechos laborales de las personas que «colaboran» con esas empresas, tanto como taxistas, como los que utilizan la bicicleta o la moto.

Recientemente el Gobierno de Reino Unido ha anunciado que adoptará medidas para proteger a los trabajadores de plataformas digitales como Uber y Deliveroo, entre las que se incluirá el derecho a tener vacaciones pagadas y a percibir una cuantía cuando están enfermos. Aunque todavía queda recorrido para que la regulación entre en vigor, el país será pionero en la adaptación de las normas laborales a la denominada ‘gig economy’ o ‘economía de los pequeños encargos’.

“Seremos uno de los primeros países en preparar nuestras reglas de empleo para reflejar los nuevos desafíos”, aseguró Greg Clark, el secretario de Negocios británico. Clark ha explicado que se esperan poner en marcha algunas de las recomendaciones realizadas por Matthew Taylor, director de la Royal Society of Arts y ex asesor de Tony Blair, a quien el equipo de Theresa May encargó un exhaustivo informe sobre las prácticas empresariales de las plataformas digitales de la ‘gig economy’.

Además de las vacaciones pagadas, los planes del Gobierno británico incluyen introducir el derecho de todos los trabajadores a solicitar un contrato más estable, una medida que busca proporcionar más seguridad financiera para aquellos con condiciones flexibles. Prevén también multas más cuantiosas para las compañías que son reincidentes en el uso de la fórmula del ‘falso autónomo’.

Sin embargo, los sindicatos británicos y los trabajadores de compañías como Uber y Deliveroo creen que las medidas anunciadas se quedan cortas para evitar el falso empleo por cuenta propia.

En España, por ejemplo se registró el pasado diciembre en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social una denuncia contra las empresas Deliveroo, Glovo, UberEats y Stuart por “la situación de fraude” que mantienen con sus repartidores. El asunto ya está siendo tratado por Empleo, sindicatos y patronal en el marco de la Mesa de calidad en el empleo.

Entonces, volviendo a Costa Rica, nos preguntamos, ¿Está el gobierno, el Ministro de Trabajo anterior, actual o futuro, pensando en la protección de los derechos laborales de estas personas trabajadoras?, porque lo mismo podríamos pensar de trabajadores y trabajadoras, la mayoría muy jóvenes, que trabajan para las empresas telefónicas Claro y Movistar, pero que con el calificativo de «colaboradores» trabajan a la intemperie vendiendo tarjetas telefónicas. Estos jóvenes ¿reciben salario, vacaciones, seguro de vida al laborar en las calles, están asegurados en la Caja Costarricense de Seguro Social?

Revisando el sitio web de Uber uno se da cuenta de que al menos pagan un seguro de vida y/o por daños a terceros con una empresa privada de seguros, para choferes de taxis, moto y bicicleta, este cubre responsabilidad civil del conductor frente a terceros y cobertura de accidentes personales para lesiones a «socios repartidores» que resultan de accidentes.

Desde el punto de vista sindical estas personas trabajadores no tienen posibilidades de sindicalizarse y defenderse porque son «despedidos» de inmediato a vista y paciencia del MTSS, ¿entonces quién protege sus derechos?, son muchos los ejemplos de empresas privadas que despiden a los trabajadores que se sindicalizan, tanto en el área urbana como de plantaciones.

Hay mucho por analizar en esta nueva modalidad de ocultar las condiciones laborales de miles de trabajadores con el falso autónomo que ya en Europa se estudia la legislación al respecto.

Esperemos que en Costa Rica se empiece pronto a discutir y legislar al respecto, ¿o me gano la «cajita blanca»?

 

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Por: Martín Rodríguez E
Periódico Libertad