Todo lo presupuestado para financiar la campaña electoral debe invertirse en solucionar o paliar los sufrimientos de los damnificados

Declaración del Partido Vanguardia Popular

El Tribunal Supremo de Elecciones ha decretado el inicio del proceso que culminará con las elecciones del 4 de febrero del año próximo.

Hasta ahora hay 12 candidatos a la Presidencia de la República y cientos de aspirante a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa.

En el presupuesto de la República se han asignarán otra suma igualmente obscena para la financiación pública de la próxima campaña electoral.

Es un gasto insulso y por mismo innecesario. Luego diré por qué tonto y desechable.

Ahora publicaré unas cifras que a primera vista parecen exigir talento de astrónomo para leerlas. Veamos  cuánto se gastó en las elecciones del 2010 y del 2014.

Copio de la columna “monto deuda política Absoluta en colones”. Elecciones 2010 y 2014.

Debemos evitar la crisis humanitaria que nos amenaza y llamamos a abstenerse en las elecciones si esos dineros no se vuelcan a las necesidades del pueblo

 

ELECCIONES 2010

Partido Liberación Nacional, ¢7.378.842.220,04 (Siete mil trescientos setenta y ocho millones doscientos veinte mil, cero cuatro colones)

Partido Acción Ciudadana, ¢3.741.080.220,04 (Tres mil setecientos cuarenta un millones ochenta mil doscientos veinte, cero cuatro colones)

Partido Movimiento Libertario, ¢3.105.511.498,33 (Tres mil ciento cinco millones quinientos once mil cuatrocientos noventa y ocho mil, treinta y tres colones)

Partido Unidad Socialcristiana, ¢1.053.836.513,33 (Mil cincuenta y tres millones ochocientos treinta y seis mil quinientos trece, treinta y tres colones)

Partido Accesibilidad Sin Exclusión, ¢956.349.243,48 (Novecientos cincuenta y seis millones– doscientos cuarenta y tres mil, cuarenta y ocho colones)

Partido Renovación Costarricense, ¢400.521.428,73 (Cuatrocientos millones, quinientos veintiún mil cuatrocientos veintiocho, setenta y tres colones)

Partido Frente Amplio, ¢348.436.857,83 (Trescientos cuarenta y ocho millones, cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y siete, ochenta y tres colones)

Partido Restauración Nacional, ¢135.798.814,98 (Ciento treinta y cinco millones, setecientos noventa y ocho mil, noventa y ocho colones)

Partido Unión Agrícola Cartaginesa, ¢54.549.459,64 (Cincuenta y cuatro millones, quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve, sesenta y cuatro colones)

 

ELECCIONES 2014

Partido Liberación Nacional, ¢5.259.876.791,16 (Cinco mil doscientos cincuenta y nueve millones, ochocientos setenta y seis mil setecientos noventa y uno, dieciséis colones)

Partido Acción Ciudadana, ¢5.139.089.226,55 (Cinco mil ciento treinta y nueve millones, ochenta y nueve mil doscientos veintiséis, cincuenta y cinco colones)

Partido Frente Amplio, ¢2.884.681.624,87 (Dos mil ochocientos ochenta y cuatro millones, seiscientos ochenta y un mil seiscientos veinticuatro, ochenta y siete colones)

Partido Movimiento Libertario, ¢1.829.926.383,37 (Mil ochocientos veintinueve millones, novecientos veintiséis mil trescientos ochenta y tres, treinta y siete)

Partido Unidad Socialcristiana, ¢1.521.303.835,95 (Mil quinientos veintiún millones, trescientos tres mil ochocientos treinta y cinco, noventa y cinco colones)

Partido Unidad Socialcristiana, ¢1.521.303.835,95 (Mil quinientos veintiún millones, trescientos tres mil ochocientos treinta y cinco, noventa y cinco colones)

Partido Restauración Nacional, ¢517.844.610,09 (Quinientos diecisiete millones, ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos diez, cero nueve colones)

Partido Renovación Costarricense, ¢461.636.388,09 (Cuatrocientos sesenta y un millones, seiscientos treinta y seis mil trescientos ochenta y ocho mil, cero nueve colones)

Partido Accesibilidad Sin Exclusión, ¢423.828.125,54 (Cuatrocientos veintitrés millones, ochocientos veintiocho mil ciento veinticinco, cincuenta y cuatro)

Partido Alianza Demócrata Cristiana, ¢110.483.014,37 (Ciento diez millones, cuatrocientos ochenta y tres mil catorce, treinta y siete colones)

II

Lean las números y, si tienen paciencia, hagan la suma y se percatarán de que en esas campañas se  gastaron  muchos miles de millones de colones. ¿Cuál es origen de estos gastos? Obviamente  los impuestos que paga  el pueblo y, generalmente, el endeudamiento público, sobre el cual hay que hacer frente a una pesada carga financiera.

Se suele decir que es  el precio de la democracia, pero es un precio absurdamente gigante, tan enorme que ya de por si  resulta ser esencialmente antidemocrático. No puede ser democrático obligar a los contribuyentes a un sacrificio de esa magnitud para reproducir un régimen caracterizado por la ineficiencia, la vagabundería y la corrupción.

El objetivo central de las  campañas electorales es engañar; la propaganda política se ha transformado en publicidad, que usa  las técnicas del “buen vendedor” que engaña al cliente. Precisamente por eso se ha acuñado el concepto de marketing político y se ha aceptado el de “venta de ideas”. En verdad lo que se “vende” no son ideas, son emociones superficiales. Haciendo uso de técnicas en esencia nefastas se captura la voluntad de los electores.

Normalmente el acto del sufragio no   es la expresión de una voluntad esclarecida, sino el resultado de la ceguera emotiva.

Bastaría preguntar a los electores si las campañas les han servido para educarse, para reforzar su patriotismo, para lograr una comprensión más profunda de la realidad nacional y de las posibles soluciones. Si se hiciera preguntas semejantes al pueblo  la respuesta honesta sería siempre negativa. Si esto es así, queda evidenciado que exceso  del gasto electoral ha promovido la corrupción en la lucha política en los partidos que representan a las  clases dominantes y explotadoras.

Los candidatos que bailan “booggie woogie” en los actos  electorales consumen millones de colones en sus chocheras, es apenas un ejemplo. Podríamos aducir tantos ejemplos que esta nota que pretende ser breve se convertiría en un inmenso rosario de irresponsabilidades cívicas.

III

El poder del dinero en las campañas electorales borra su supuesto carácter democrático. Al fin de cuentas es en esencia un choque de cuentas bancarias en el cual, todos los gastos, tanto los de la mayoría como los de la minoría, corren por cuenta de los contribuyentes. Es un choque de cuentas bancarias que comienza desde el momento en que nombra a los candidatos.

Es público que en el Partido Liberación para aspirar a la candidatura presidencial es obligatorio aportar veinte millones de colones; los de la Unidad Social Cristiana no se rezagaron ya que exigieron a los aspirantes un depósito de cuarenta millones de colones. Así excluyeron a la inmensa mayoría de los costarricenses.

Un ciudadano que aspire a ser Presidente de la República debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 131 de la Constitución Política: 131…1) Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio; 2) Ser del estado seglar; 3) Ser mayor de treinta años. ¿Cuántos costarricenses cumplen con estos requisitos? Seguramente que sobrepasan el millón o pueden ser más. Pero es imprescindible plantearse esta otra pregunta: ¿Cuántos pueden depositar a favor de su partido una suma de veinte o de cuarenta millones de colones? Muy pocos. Es evidente una discriminación contra los más humildes, en razón de su incapacidad financiera. Fácilmente se puede calificar esta circunstancia como un modelo de exclusión de la vida política a una parte mayoritaria de la ciudadanía costarricense. Y toda exclusión o discriminación es en esencia un acto antidemocrático.

Si no hay plena igualdad entre los ciudadanos, si en materia electoral  las posibilidades financieras valen más que la norma constitucional que garantiza la igualdad, no queda otro camino que olvidarse del Artículo 33 de la Constitución Política o tirarlo al cajón de la basura.

Ejemplo vivo de que el valor supremo de esta sociedad capitalista es la reproducción de la explotación de los trabajadores y la hegemonía política de la oligarquía entreguista.

Lo mismo ocurre con las candidaturas a la Asamblea Legislativa. El que no tiene el dinero de que hablamos tiene que buscar un padrino,  lo cual compromete su acción política a servir a intereses particulares que, casi siempre, son contrarios a los nacionales.

III

Es característico que la propaganda electoral no incluya una biografía completa de los candidatos, haciendo que el elector elija a ciegas, no sabe realmente por quien está votando. Así ha ocurrido y ocurre que personas que han cometido graves delitos comunes no solo han sido legisladores sino que han llegado a ocupar la Presidencia del llamado “primer poder de la República”.  Una biografía completa y pública de todos los candidatos ayudaría a higienizar los procesos electorales.

Normalmente los “programas de gobierno” presentado a los electores son apenas un requisito publicitario y no una obligación ante el pueblo. Pareciera que el frustrado se deshace del “programa” como un viejo papel envejecido y el que asume el poder lo mantiene hasta la siguiente visita al “basurero”. Aquí no se cumplen ni siquiera las promesas del discurso de la “toma de posesión”.

Los llamados “programas de gobierno” son el más acabado monumento a la demagogia y por ahí a la irresponsabilidad cívica.

IV

La ausencia de una legislación amplia para la correcta tipificación de los delitos electorales es una grave debilidad del derecho vigente. Lleva razón el penalista Dr. Carlos Tiffer cuando señaló la gravedad de esta ausencia en un reciente artículo publicado en “La Nación”.

No obstante, la proclividad electoral al delito se prueba en  juicios pendiente y otros rematados.

No se trata de analizar juicios sino de afirmar que el modelo de financiación, frente al cual los controles son impotentes, se prestan para que personas inescrupulosas lo conviertan en fuente de enriquecimiento ilícito.

Una parte importante de la contribución del Estado se queda en las arcas de las empresas de televisión, radioemisoras y periódicos. Los principales beneficiarios son las empresas de televisión y los bancos privados.

Una buena parte de ese dinero termina convertido en ganancia en las arcas de los bancos privados.

Así que los contribuyentes pagan por ser engañados.

El modelo de financiación de las campañas electorales por el Estado es en sí mismo un acto ilícito.

Esta no es la esencia de la norma constitucional y esto no puede ser. Para ayudarle a los partidos no es imprescindible entregarles dinero, podría hacerse prestándoles servicios, a todos por igual, con recursos administrados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Las campañas electorales son un recurso de alienación, los electores pierden conciencia de su propia realidad y son transportados a un mundo inexistente, en el cual se extinguen sus propias necesidades y se crean ilusas aspiraciones. Cuando regresan a su mundo real ya es demasiado tarde para soñar y se abre la necesidad de la lucha real para las conquistas reales.

Cambiar este modelo es  un proceso complejo en las condiciones de la lucha ideológica actual, pero es el único camino. Es la vía de la conciencia de clase.

IV

No existe un argumento capaz de justificar el enorme gasto público en el financiamiento de las campañas electorales.

Es el despilfarro de recursos que no se tienen, es una obligación sin sentido que hace más oneroso y oscuro el futuro de la sociedad

Como hemos venido diciendo la “contribución del Estado” no tiene justificación, menos en las condiciones actuales de la vida del país.

Toda la sociedad costarricense, exceptuando a los grandes millonarios, está amenazada por la crisis fiscal, que no es un peligro futuro sino una realidad disimulada. La deuda del sector pública y la incapacidad de hacer una reforma fiscal justa y racional están ante los ojos de todos. Los grandes ricos no quieren pagar impuestos como ricos, quieren seguir enriqueciéndose a pesar de su evidente parasitismo. Su principal argumento es una trampa mortal, mientras no se rebaje el presupuesto no deben aumentarse los impuestos. Como se sabe el presupuesto es inelástico y en las condiciones del neoliberalismo disminuir el presupuesto es terminar con los servicios sociales. Ahora están en la mira las pensiones, los servicios de la salud, la educación.

Otra cuestión importante, la más urgente, es la necesidad de atender las necesidades de resolver los problemas humanos provocados por el huracán Otto y la huracanada tormenta Nate.

Es urgente restablecer la infraestructura destruida, es una necesidad imperiosa antes de que se convierta en  una agudización de la crisis económica.

Estos fenómenos naturales cegaron vidas humanas, el efecto más doloroso. Compatriotas perdieron sus bienes más necesarios, vieron la destrucción de sus viviendas, la pérdida de sus cosechas o de sus trabajos. Estudiantes perdieron sus escuelas o colegios. Existe la posibilidad de aparezcan nuevas amenazas contra la salud.

Es necesarios prepararse para nuevos embates de la naturaleza, seguramente nos tocará  sufrir en el próximo futuro nuevas y crueles consecuencias del cambio climático.

Los problemas de hoy si no se atienden inmediatamente pueden dar origen a una crisis humanitaria.

Ante la situación actual y los riesgos calculados es necesario cambiarle rumbo a la barca nacional.

El principio humanitario básico: nada es más importante que resolver o paliar la dura situación de los damnificados.

Eliminar los gastos superfluos, aumentar los ingresos e invertirlos sabiamente.

Proponemos que la primera medida debe ser trasladar la contribución del Estado a las campañas electorales a la solución de los damnificados.

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